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Ley de Flexibilización y Fomento del Alquiler de Viviendas

11 junio 2013

Una de las características del mercado inmobiliario español, es el escaso porcentaje de personas que habitan en viviendas de alquiler, en la actualidad este mercado está rodeado de ciertas implicaciones negativas que complican la realización de contratos de arrendamiento. En fecha 6 de junio de 2013, entró en vigor la Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas (la “Ley de Flexibilización y Fomento del Alquiler”) con el propósito de dinamizar el mercado de alquiler incentivando la puesta a disposición de inmuebles sin uso.

Una de las características del mercado inmobiliario español, es el escaso porcentaje de personas que habitan en viviendas de alquiler, en la actualidad este mercado está rodeado de ciertas implicaciones negativas que complican la realización de contratos de arrendamiento. En fecha 6 de junio de 2013, entró en vigor la Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas (la “Ley de Flexibilización y Fomento del Alquiler”) con el propósito de dinamizar el mercado de alquiler incentivando la puesta a disposición de inmuebles sin uso. Entre los aspectos más relevantes de esta ley se encuentran las modificaciones que la misma realiza a la Ley 29/1994 de 24 Noviembre de Arrendamientos sobre los siguientes aspectos:

Se ve reforzada la libertad de pactos y la voluntad de las partes, de forma que la actualización de la renta es fijada por los propios contratantes.

La conocida como la “prórroga obligatoria” se ve reducida de un plazo de cinco años a uno de tres, de esta forma se busca permitir que arrendadores y arrendatarios puedan adaptarse a los posibles cambios por circunstancias personales.

Se prevé la recuperación del inmueble por el arrendador cuando sea destinado a la vivienda permanente –cuando medie causa justificada- siempre que hubiera transcurrido un año del contrato.
El arrendatario podrá desistir en cualquier momento transcurridos 6 meses desde el inicio de la relación arrendaticia y habiendo comunicado al arrendador con una antelación mínima de 30 días.
Se lleva a cabo la creación de un Registro de Sentencias firmes por impagos de rentas de alquiler, que ofrece información sobre el riesgo que supone arrendar inmuebles a personas con antecedentes de incumplimiento de sus obligaciones de pago.
Para afianzar la seguridad jurídica al tráfico, regirá el artículo 34 de la Ley Hipotecaria de manera que los arrendamientos no inscritos sobre fincas urbanas, no tienen efectos frente a terceros adquirentes que si inscribieron su derecho.
En cuanto a la reciente proliferación de alojamientos privados utilizados para el turismo, serán considerados como objeto del régimen de arrendamientos de temporada.
Se vincula el lanzamiento a la falta de oposición del demandado, por lo cual en el supuesto de que el arrendatario no atendiere el requerimiento de pago o no compareciere para oponerse o allanarse, el secretario judicial dictará decreto dando por terminado el juicio y producirá el lanzamiento.
Por último, destaca que en lo que concierne a los contratos celebrados con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Flexibilización y Fomento del Alquiler, continuarán rigiéndose por lo establecido en el régimen jurídico vigente al momento de su suscripción.

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