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Los Acuerdos Transaccionales.

11 junio 2014

La función preventiva de asesoramiento jurídico guarda, en relación con la función profesional contenciosa, una relación parecida a la que guarda en campo médico la prevención o la elección de una cura poco invasiva para el paciente. La tarea contenciosa se efectúa en función de un problema que, según su gravedad, condiciona el resultado del litigio. Pero ese problema no lo ha creado el letrado y, por tanto, al defensor le corresponderá encontrar los medios para alcanzarlo o evitarlo, satisfaciendo las expectativas del cliente.

Orazio Puccio

(i) Regulación de los acuerdos transaccionales (ii) Requisitos de los acuerdos transaccionales. (iii) Materias y límite de los acuerdos transaccionales (iv) Efectos de la transacción (v) Conclusión.

La función preventiva de asesoramiento jurídico guarda, en relación con la función profesional contenciosa, una relación parecida a la que guarda en campo médico la prevención o la elección de una cura poco invasiva para el paciente. La tarea contenciosa se efectúa en función de un problema que, según su gravedad, condiciona el resultado del litigio. Pero ese problema no lo ha creado el letrado y, por tanto, al defensor le corresponderá encontrar los medios para alcanzarlo o evitarlo, satisfaciendo las expectativas del cliente.

i Regulación de los acuerdos transaccionales.

Los acuerdos transaccionales que se recogen tanto en la LEC como en el CC, representan un valido instrumento para la conclusión del litigio en una época donde los tiempos de la Justicia no corresponden a la rapidez tanto de los intercambios comerciales, como de las relaciones interpersonales. El CC regula en el primer capítulo del Título 13 (arts. 1.809 a 1.819) el contenido material que deben reunir los acuerdos por los que las partes transigen una determinada controversia.

Establece el art. 1.816 una distinción clara entre las transacciones judiciales y las extrajudiciales. La LEC en su art. 19 regula las posibilidades de transacción de las partes sobre el objeto del pleito excepto “cuando la ley lo prohíba o establezca limitaciones por razones de interés general en beneficio de tercero”.

ii Requisitos de los acuerdos transaccionales.

La jurisprudencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, a partir de la antiquísima Sentencia de 21 de abril de 1942, ha fijado las bases para el reconocimiento de un acuerdo transaccional como un acuerdo de transacción judicial. Al estudiar los requisitos que deben concurrir para que un acuerdo transaccional sea considerado como una transacción judicial la Sentencia de 14 de julio del año 2010 (RJ\20106042) establece que deberán concurrir:

• Presentación del documento privado elaborado por las partes intervinientes en el pleito ya iniciado. El documento debe reunir las características propias de todo contrato conforme al contenido de las normas incorporadas en la regulación del CC.

• Ratificación en sede judicial. Será necesaria la ratificación ante el órgano judicial del contenido del documento suscrito entre las partes. La ratificación debe ser expresa.

• Homologación judicial. Las partes intervinientes en el pleito y que hubieran alcanzado el acuerdo transaccional deberán solicitar del órgano judicial la homologación del acuerdo. El efecto de la homologación aprobada por el juez será que el acuerdo se convertirá inmediatamente en ejecutable conforme al art. 517.2.3º LEC, por los trámites previstos para “la ejecución de sentencias y convenios judicialmente aprobados” (art. 415.2 LEC).

• La principal característica de los acuerdos transaccionales judiciales son los plazos temporales que deben cumplirse para la correcta homologación de los mismos. Establece el art. 19.3 LEC que podrán alcanzarse los acuerdos de transacción “en cualquier momento de la primera instancia o de los recursos o de la ejecución de la sentencia”.

iii Materias y límite de los acuerdos transaccionales.

El único límite material impuesto por el legislador que puede ser objeto de transacción se recoge en el art. 1814 CC. La transacción debe recaer necesariamente sobre controversias en las que sea posible por las partes ejercer poder de disposición. De manera que la transacción judicial puede sustituir la vía contenciosa en conflictos de distinta naturaleza, por ejemplo: demandas por incumplimiento, demandas por daños, reclamaciones de cantidad, etc.

No cabe solamente alcanzar un acuerdo transaccional sobre (i) el estado civil de las personas, (ii) cuestiones matrimoniales (siempre que no sean referidas a cuestiones de índole meramente económica y que no afecten al matrimonio como institución) y (iii) ni sobre alimentos futuros (el CC no cierra la puerta a un acuerdo transaccional sobre cantidades que ya hubieran debido ser satisfechas).

Especial importancia reúnen las acciones dimanantes de hechos delictivos. El art. 1.815 del CC, establece que se podrá llevar a cabo la transacción de la acción civil proveniente de delito pero no por eso se extingue la opción de que el ministerio fiscal continúe con  un proceso penal ya iniciado o que va a iniciarse seguidamente. La causa de la distinción se encuentra en el ejercicio del ius puniendi estatal que, excepto para los delitos privados (injurias y calumnias) y para los delitos conocidos como “semipúblicos” en los que es necesario una actuación por parte de la persona que haya resultado sujeto pasivo de la actuación delictiva, el ministerio fiscal tiene la obligación de continuar con el ejercicio de la acción penal aun sin contar con el consentimiento del sujeto pasivo del delito que hubiera podido transar la acción civil.

iv Efectos de la transacción.

En último extremo, es fundamental conocer el efecto de la transacción. El art. 1.816 CC establece que los acuerdos transaccionales que reúnan las condiciones para ser consideradas como transacciones judiciales, tendrán la fuerza que otorga la cosa juzgada. Las implicaciones de tal reconocimiento son importantes para ulteriores procedimientos que pudieran iniciarse entre las partes teniendo incluso relevancia frente a terceros que no hubieran participado en el acuerdo.

En cambio, la característica propia de los acuerdos transaccionales que no se puedan considerar como transacciones judiciales no contará con el reconocimiento del art. 1.816 CC.

v Conclusión.

A modo de conclusión considero que sería bueno fomentar la praxis de las ventajas de la negociación y los acuerdos en general y aplicado a determinados conflictos, sobre todo en cuanto a relaciones prolongadas o continuadas en el tiempo, como las vecinales o comerciales, con el resultado de un ahorro de costes económicos y temporales para el cliente.

Orazio Puccio

Abogado

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