Registro Central de Titularidades Reales

El pasado 19 de septiembre de 2023 ha entrado en vigor, como una clara medida dirigida a reforzar y contribuir de manera más eficiente al sistema financiero mediante la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, el Real Decreto 609/2023, ya aprobado el 11 de julio del presente año, mediante el cual se crea el Registro Central de Titularidades Reales, cuya sede radica en la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública.

Este Registro dependiente del Ministerio de Justicia, único en todo el territorio nacional y de naturaleza electrónica, habida cuenta la obligación de toda persona física de relacionarse a través de medios electrónicos con la Administración, tiene como propósito último dar publicidad y recoger en el mismo, la información precisa y adecuada sobre titularidad real relativa a todas las personas jurídicas españolas y las entidades o estructuras sin personalidad jurídica que tengan la sede de su dirección efectiva o su actividad principal en España, o bien, que estén gestionadas por personas físicas o jurídicas residentes en España. Además, también se incluirá información sobre las entidades sin personalidad jurídica como los fideicomisos tipo trust u estructuras análogas a los mismos, que pretendan establecer relaciones de negocio u otras operaciones en España, sin necesidad que las mismas estén gestionadas desde España u otro Estado de la Unión Europea.

Además, y con el fin de centralizar toda la información posible, se traspasará toda la información detallada en el artículo 4 de la Ley 10/2010 de 28 de abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del terrorismo, relativa a la titularidad real que estuviese disponible en otros Registros con la competencia oportuna en materia de recogida de dichos datos. Estos últimos y tras la entrada en vigor, del Real Decreto 609/2023, disponen de un plazo de nueve meses para realizar este envío de información, que deberá contener.

Es importante tener en cuenta que la información declarada ante este Registro Central se actualizará y conservará durante toda la vigencia de las entidades obligadas y deberá mantenerse durante un plazo de diez años tras su extinción.

Por todo lo expuesto y como consecuencia directa de la nueva normativa, las Actas de Titularidad Real de las personas jurídicas deben ser actualizadas debidamente y de manera previa a la realización de cualquier operación, además de facilitar al Registro los siguientes datos:

  • Nombre.
  • Apellidos.
  • Fecha de nacimiento.
  • Tipo y número de documento identificativo (en el caso de nacionales españoles o residentes en España se incluirá siempre el documento expedido en España).
  • País de expedición del documento identificativo, en caso de no utilizarse el Documento Nacional de Identidad o la tarjeta de residente en España.
  • País de residencia.
  • Nacionalidad.
  • Criterio que cualifica a esa persona como titular real.
  • En caso de titularidades reales por propiedad directa o indirecta de acciones o derechos de voto, porcentaje de participación, con inclusión, en el caso de propiedad indirecta, de la información sobre las personas jurídicas interpuestas y su participación en cada una de ellas.
  • Una dirección de correo electrónico válida, a efectos del envío de avisos de puesta a disposición de posibles notificaciones por medios electrónicos.

En caso de que las entidades obligadas incumpliesen con las obligaciones impuestas por la nueva norma, se producirá el cierre de la hoja registral de la entidad en cuestión, imposibilitando así la inscripción de cualquier acto o documento, así como sanciones económicas, pendientes aún por determinar.

Las autoridades, nacionales o correspondientes a otros estados miembros, con competencia en la materia de prevención de blanqueo de capitales y sus delitos precedentes, como es el Ministerio Fiscal, la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad el Estado entre otros, los notarios y registradores (y sus órganos centralizados de prevención), así como los sujetos obligados estipulados en la Ley 10/2010 de 28 de abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del terrorismo tendrán acceso al Registro Central; pero además, una persona que sea capaz de demostrar un interés legítimo, podrá también acceder si necesitase conocer y acceder la información del Registro, siempre y cuando lo solicite previamente y el Registro, por supuesto, acepte y considere como suficientes, las alegaciones que evidencien dicho interés.

Bien es cierto que el nuevo Registro Central de Titularidades Reales, supone, para los sujetos obligados, el cumplimiento de nuevas obligaciones, pero también les permite cumplir con la obligación de identificación de titular real de una manera más eficiente y segura. En definitiva, con el Real Decreto que hemos sometido a análisis lo que se ha creado es un instrumento eficaz para la prevención de blanqueo de capitales, materializado por la creación del Registro Central así como la interconexión entre organismos europeos que puedan colaborar entre sí en esta materia.

 

Esta nota es únicamente un resumen y no un análisis exhaustivo de las cuestiones objeto de la misma. Para más información, se ruega contacten con nosotros.

 

Atentamente,

Sabela Losada Sánchez

Abogada