¿Cómo afecta la entrada en vigor de la quinta directiva europea al sector Real Estate?

¿Cómo afecta la entrada en vigor de la quinta directiva europea al sector Real Estate?

¿Cómo afecta la entrada en vigor de la quinta directiva europea al sector Real Estate?

Tras meses de incertidumbre, finalmente se publicó en el B.O.E. el “Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de abril, de transposición de directivas de la Unión Europea en las materias de competencia, prevención del blanqueo de capitales, entidades de crédito, telecomunicaciones, medidas tributarias, prevención y reparación de daños medioambientales, desplazamiento de trabajadores en la prestación de servicios transnacionales y defensa de los consumidores” (“Quinta Directiva”), que entró en vigor el 28 de abril de 2021. Ante la gravedad de las eventuales consecuencias del retraso incurrido en la trasposición al ordenamiento jurídico español de tales directivas, la aprobación de este Real Decreto-ley permitirá archivar los procedimientos sancionadores incoados por la Comisión Europea. De esta forma, se modifica, entre otras, la actual Ley 10/2010, de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, incorporando novedades especialmente relevantes para el sector inmobiliario o “Real Estate”.

Dada la expectación generada respecto de su entrada en vigor desde la finalización del plazo previsto para su transposición allá por enero de 2020, desde Afiens venimos advirtiendo a nuestros clientes acerca de esta nueva normativa pues afecta tanto a nuevos inversores como a empresas actuales del sector que en lo sucesivo serán considerados sujetos obligados.

 

¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES NOVEDADES QUE INCORPORA LA QUINTA DIRECTIVA EUROPEA?

La Quinta Directiva incorpora nuevas medidas dirigidas a reforzar los sistemas preventivos de los países miembros. Entre sus principales novedades, destacamos las siguientes:

  • Aumento de los sujetos considerados como obligados a efectos de la prevención del blanqueo de capitales. En particular en el sector Real Estate afectará, no solo a promotores inmobiliarios e intermediarios en la compraventa de bienes inmuebles, sino también a quienes ejerzan profesionalmente actividades de agencia, comisión o intermediación en arrendamientos de bienes inmuebles que impliquen una transacción por una renta total 10.000.- €/mes o 120.000-.€/año.Cabe indicar que si bien esta nueva norma no los prevé expresamente como sujetos obligados, en su anteproyecto sí se contemplaban supuestos adicionales que conviene recordar en aras de que los interesados puedan adoptar una actitud proactiva, orientada a la implementación de medidas de prevención:
    • Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión Inmobiliaria (SOCIMIS);
    • Holdings o sociedades tenedoras de acciones o participaciones de dos o más sujetos obligados, que deberán cumplir con las mismas obligaciones que las empresas de las que sean partícipes, permitiendo de esta forma, facilitar la aplicación de las medidas de diligencia debida.
  • Se incrementan las sanciones de los administradores y directivos que hayan sido responsables de la infracción, pudiendo incurrir en una multa de hasta 10.000.000 de euros por infracciones muy graves y de hasta 5.000.000 de euros por infracciones graves.
  • Se refuerzan los mecanismos tendentes a obtener transparencia y disponibilidad de información sobre los titulares reales de las personas jurídicas y otras entidades sin personalidad jurídica que actúan en el tráfico jurídico, exigiéndoles obtener, conservar y actualizar la información de su titularidad real y ponerla a disposición de las autoridades cuando se requiera y de los sujetos obligados cuando establezcan una relación de negocios con los mismos. Además, se crea un un Registro único en el Ministerio de Justicia, que obtendrá información de manera directa, pero que además centralizará la información contenida en los registros y bases de datos existentes en el Consejo General del Notariado y el Registro Mercantil. Este registro será el que garantice la interconexión con otros registros de la Unión Europea.
  • Los sujetos obligados podrán establecer relaciones de negocio o ejecutar operaciones con clientes que no se encuentren físicamente presentes, siempre que la identidad del cliente quede acreditada, entre otros mecanismos, mediante la firma electrónica cualificada regulada en el Reglamento (UE) n.º 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior y por la que se deroga la Directiva 1999/93/CE.
  • El tratamiento y la cesión de datos personales que resulte necesario para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en esta norma se ampara en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de esos datos, y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, en adelante, no precisándose la obtención del consentimiento del interesado.

 

SOY SUJETO OBLIGADO ¿POR DÓNDE EMPIEZO?

¿Cómo afecta la entrada en vigor de la quinta directiva europea al sector real estate?

Si necesita más información, desde Afiens analizaremos y pondremos a su disposición nuestra metodología de gestión de procesos junto con tecnología aplicada a través de nuestras plataformas Afiens Collaborate y Afiens Aprende, para proveer soluciones a su medida, como parte de nuestro porfolio de servicios de cumplimiento normativo.

Esta nota supone únicamente un resumen y no un análisis exhaustivo de las cuestiones objeto de la misma. Para más detalles, se ruega contacten con nosotros.

Atentamente,

Equipo AFIENS LEGAL, S.L.P.

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