¿Qué tengo que hacer para liquidar una sociedad en España en 2021?

¿Qué tengo que hacer para liquidar una sociedad en España en 2021?

¿Qué tengo que hacer para liquidar una sociedad en España en 2021?

Teniendo en cuenta la actual situación económica y social, y la adversidad que muchos negocios están afrontando, son varios los que se preguntan “¿debo cerrar mi empresa?” Para ello debemos analizar los problemas a los que se enfrentan determinadas sociedades mercantiles, la regulación aplicable y las posibilidades que nuestro marco jurídico contempla para liquidar una sociedad.

 

La economía española ha obligado a liquidar empresas

La ralentización de la economía, tanto a nivel global como local, ha producido ciertos problemas financieros en muchas empresas. Las hay que ya no sólo ven atacada su capacidad de crecimiento, sino que se ven obligadas a reestructurar sus recursos y/o planificar su cierre temporal o definitivo. Todo ello puede provocar una situación de insolvencia, y una contabilidad que provoca una situación de causa obligatoria de disolución. Todo ello afecta sustancialmente a la hora de formular sus cuentas anuales.

Ambos escenarios suelen estar relacionados y por tanto coincidir en el tiempo, pero no siempre es así. Por ello, hay que realizar un ejercicio previo para ver en qué punto se encuentra una sociedad, y las alternativas que existen.

  • Por un lado, debemos analizar si nos encontramos ante una causa de disolución obligatoria. El Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital (en adelante, la “LSC”), nos indica en su artículo 363.1 las existentes causas de disolución obligatoria, y en concreto, una de ellas es de directa aplicación en la situación económica actual de muchas empresas.

 

  1. La sociedad de capital deberá disolverse:

a) (…).

b) (…).

c) (…).

d) (…).

e) Por pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social, a no ser que éste se aumente o se reduzca en la medida suficiente, y siempre que no sea procedente solicitar la declaración de concurso.

f) (…).

g) (…).

Por ende, debemos analizar el estado en que se encuentra el patrimonio neto de la sociedad, tras haber finalizado el ejercicio con pérdidas. También si éste muestra una cifra inferior al 50% del capital social.

 

  • Por otro lado, hemos de analizar si debemos instar, o no, un concurso de acreedores. Para ello, acudimos al Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal (en adelante la “LC”), y es en su artículo 5 donde se recoge la obligación, por parte del empresario, de solicitar la declaración -judicial- de concurso de acreedores dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que se hubiera conocido el estado de insolvencia.

Por estado de insolvencia, se entiende la incapacidad de hacer frente a los pagos que se tengan a corto plazo, debido a una falta de liquidez.

 

La situación de insolvencia puede resolverse antes de liquidar una sociedad

Pues bien, es importante destacar que, en cualquier momento, la situación de insolvencia y/o la causa de disolución pueden solventarse mediante aportaciones dinerarias de los socios, dotando de liquidez a la empresa, y aumentando la cifra de patrimonio neto de la sociedad. Incluso, es muy común que, en caso de una leve situación de insolvencia y ante el inevitable cierre de un negocio, los socios o accionistas realicen aportaciones dinerarias suficientes para atender los pagos a corto plazo. Así, posteriormente, se puede liquidar una sociedad, eludiendo así un procedimiento concursal.

En cualquier caso, el Real Decreto Ley 34/2020 extendió el plazo de algunas de las medidas en materia concursal recogidas en la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia. En concreto dicho plazo de 2 meses establecido en la LC ha quedado en suspensión hasta el próximo 14 de marzo de 2021.

Por ello, aquellas sociedades que se encuentren en causa de disolución y en situación de insolvencia, hasta el 14 de marzo de 2021 pueden evitar el paso por un concurso de acreedores, disolviendo y liquidando la sociedad. Para esto, debe realizarse previamente aportaciones dinerarias, por parte de los socios o accionistas.

 

Proceso de disolución o para liquidar una sociedad

Así las cosas, y una vez salvada -o no habiendo tenido lugar- la situación de insolvencia, el procedimiento para la disolución y liquidación sería el siguiente:

 

  1. Convocatoria por parte del órgano de administración. Esto es, de la Junta General, en el plazo de dos meses desde haberse contemplado el desequilibrio entre patrimonio neto y capital social.
  2. Acuerdo de la Junta General de la sociedad, sobre la disolución de la misma, apoyándose en la causa de disolución obligatoria. Asimismo, la LSC recoge en su artículo 368 la posibilidad de disolver y liquidar una sociedad, por el simple acuerdo de sus socios. En cualquiera de los casos, habría que respetar que dicho acuerdo se aprobase por voto favorable de al menos 2/3 del capital social (o cualquier otro superior establecido en los estatutos sociales).En este paso, se cesará a todos y cada uno de los miembros del órgano de administración, y se nombrará uno o varios liquidadores. Éstos se encargarán de la liquidación de los activos de la sociedad, el pago de todos los acreedores y la elaboración de un balance final de liquidación. También de un informe sobre las operaciones de liquidación y un proyecto de división del activo resultante, una vez satisfechas las deudas sociales, a favor de los socios.

    Durante este periodo, la sociedad se encontrará disuelta, por lo que deberá incorporar en su denominación social “en liquidación”. Una vez hecho esto, el/los liquidador/es tan sólo podrán realizar operaciones tendentes a la liquidación de la sociedad. Así, se cesa la actividad empresarial de la misma.

    En el balance final, no podrán resultar deudas con ningún acreedor, salvo con los propios socios. Estos podrían asumir dichos pasivos, extinguiéndose la deuda al existir confusión de acreedores, atendiendo a cada caso en concreto.

  3. Acuerdo de la Junta General, aprobando el balance final de liquidación. También la división del activo resultante y la extinción de la sociedad. Es posible que la Junta General apruebe la disolución y liquidación de forma simultánea, cuando no existen acreedores sociales.
  4. Elevación a público del acuerdo de liquidación. Por parte de el/los liquidador/es, mediante la expedición de una certificación de dichos acuerdos, y el otorgamiento de escritura pública ante notario.
  5. Elaboración y presentación de los modelos D1B correspondientes, en cuanto a la desinversión extranjera. En caso de que 1 o más socios no sean residentes fiscales en España.
  6. Presentación del impuesto ITP-AJD. Hay que hacerlo en la modalidad operaciones societarias. Esto se realiza mediante la autoliquidación del modelo 600 ante el organismo tributario correspondiente a la comunidad autónoma en la que se encuentre la sociedad domiciliada. Ello supone el pago efectivo del 1% del activo social resultante. Dicha obligación corresponde a los socios, debiéndose hacer una liquidación individual por cada uno de ellos.
  7. Inscripción de la escritura pública de liquidación en el Registro Mercantil correspondiente.
  8. Comunicación a la Agencia Tributaria de la extinción de la sociedad, mediante la presentación del modelo

Esta nota es únicamente un resumen y no un análisis exhaustivo de las cuestiones objeto de la misma. Para más información, se ruega contacten con nosotros.

Atentamente,

Equipo AFIENS LEGAL, S.L.P.

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